El Escuadrón Especial Antirrobo (Special Anti Robbery Squad) es una especialización de la Policía de Nigeria dependiente del Departamento Estatal de Investigación e Inteligencia Criminal. Fue creado como una unidad policial especializada con el fin de realizar operaciones encubiertas contra delitos asociados con robos, secuestros y crímenes con armas de fuego. Este grupo ha sido acusado en numerosas ocasiones por violar los Derechos Humanos, al llevar a cabo arrestos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, acoso sexual a mujeres y brutalidad contra jóvenes nigerianos.
Según señala Amnistía Internacional en su informe de 2016, SARS es responsable de abusos, crueldad, trato degradante de los nigerianos bajo su custodia, además de otras torturas. Los actos de brutalidad policial consistían en disparos en las piernas a los detenidos, simulacros o amenazas de ejecución, ahorcamiento y golpes severos. Asimismo, Amnistía también acusa a los oficiales de SARS de detener regularmente a jóvenes nigerianos con el fin de extorsionar a sus familias para conseguir dinero.
Ya en 2017, activistas y jóvenes nigerianos tomaron las calles y las redes sociales para protestar contra la brutalidad policial. Los activistas pasaron de las redes sociales a protestas organizadas y pacíficas en numerosas ciudades y Estados nigerianos, y prometieron continuar si el Gobierno se negaba a disolver la fuerza. Surge entonces por primera vez la campaña #ENDSARS donde los usuarios de las redes sociales compartieron sus experiencias con dicha unidad policial.
“Trajeron una hoja simple y me pidieron que firmara. Cuando lo firmé, me dijeron que había firmado mi sentencia de muerte. Había dos policías en el pasillo. Me preguntaron si sabía cuántas personas murieron allí. Dijeron que si me moría, nunca tendrían sangre en sus manos ”.
JOVEN DE 33 AÑOS DETENIDO EN 2015 A MANOS DE SARS.
El movimiento #ENDSARS de 2017 fue tan sólo el comienzo de un largo camino en defensa de la inhabilitación del Escuadrón Especial Antirrobo que ha vuelto a cobrar fuerza este año tras las continuas denuncias de abuso de poder del grupo policial.
El viernes 9 de Octubre, la movilización terminaba de despegar y alcanzaba niveles de visibilidad y de impacto poco habituales. Mientas los responsables de las protestas trataban de calmar la indignación digital, las calles se llenaban de jóvenes reclamando acciones directas y efectivas contra la impunidad policial. Muhamadu Buhari, Presidente de Nigeria, se vio obligado a intervenir, por lo que su asesor, Bashir Ahmad, anunció el 9 de Octubre que estaban preparando una serie de medidas para defender el interés de los ciudadanos. Dos días más tarde, el 11 de Octubre, Bashit Ahmad informó que el Escuadrón Especial Antirrobo se había disuelto oficialmente.
Esta medida no ha sido suficiente para frenar las protestas de los ciudadanos que llevan dos semanas manifestándose masivamente en las calles de Nigeria. Lagos, la ciudad nigeriana con más población del país, decretó un toque de queda para controlar el alzamiento popular, lo que produjo aún más descontento entre los nigerianos. De esta forma, Lagos es escenario a día de hoy de importantes incendios y disturbios tras la muerte de varios manifestantes pacíficos a manos de agentes policiales que abrieron fuego delante de una comisaría de la localidad.
Muhammadu Buhari, ha asegurado que la disolución de la SARS es tan sólo es el primer paso en su compromiso por reformar de manera estructural la policía con el fin de garantizar la seguridad y salvaguardar los intereses de la población. A pesar de ello, muchos nigerianos siguen desconfiando de las palabras del Presidente puesto que en ocasiones anteriores estas promesas fueron incumplidas.
Nigeria se embarca en una lucha contra la cultura de tortura y brutalidad de las autoridades nigerianas tratando de poner fin a la impunidad en el sistema policial. Condenar a las fuerzas opresivas como el SARS es una causa noble que abre la puerta a la posibilidad de una reforma real y efectiva de las jerarquías sociales del país. De esta manera, esta lucha se convierte en una oportunidad para alcanzar un sistema de seguridad justo y digno que proteja a la población nigeriana y que respete los Derechos Humanos.
