Pasaporte de la CEDEAO. Fuente: Red Confidential/ ShutterStock
A lo largo de las últimas décadas, la Unión Africana ha promovido diversas iniciativas para incentivar el compromiso de los Estados Miembros con la libertad de movimiento. La última y más importante ha sido el Protocolo sobre la libertad de movimiento de las personas adoptado en 2018 con el objetivo de facilitar la implementación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Africana (1991) o Tratado de Abuja.
El Protocolo define la libertad de movimiento como el derecho de los ciudadanos a circular, residir y establecerse libremente en el territorio de los Estados Miembros. Para la Unión Africana, la aplicación de este derecho se presenta como una oportunidad para fomentar el desarrollo socioeconómico de África durante las próximas décadas y garantizarlo forma parte de los objetivos marcados por la Agenda 2063.
Entre los beneficios resultantes de una movilidad más libre se encuentra el impulso del comercio y del turismo. Uno de los principales problemas que afrontan las economías de los países africanos es, por un lado, la dependencia excesiva en las exportaciones de materias primas, y por otro, la necesidad de importar los productos acabados desde fuera del continente. En este sentido, menos del 15% del comercio total de África es intrarregional. Porcentaje muy reducido si lo comparamos con Europa y Asia donde las exportaciones interregionales conforman más de la mitad del comercio total.
Si bien es cierto que con la reciente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Africano se prevé un incremento del comercio interior, como señalaba Paul Akiwumi, miembro del comité de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio de Desarrollo, la libertad de movimiento es esencial para garantizar su buen funcionamiento.
Un ejemplo del impacto de la libre circulación de personas en la economía es el caso de Seychelles. En 2014, Seychelles eliminó los requisitos de visado para los ciudadanos nacionales de otro país africano, lo que provocó un aumento del 7% en la llegada de turistas internacionales respecto al año 2009. Al año siguiente, Seychelles pasó de ser catalogado por el World Bank como un país de ingresos medios a uno de renta alta.
Los beneficios en materia económica no se limitan al aumento del turismo intrarregional, sino que también están aquellos derivados de una mejor movilidad de los trabajadores. A pesar de que la percepción sobre los efectos de la inmigración a menudo es salpicada por percepciones mal fundadas, lo cierto es que ésta puede contribuir de forma positiva a la economía de los países receptores. En este sentido, los trabajadores migrantes contribuyen de forma sustancial a las arcas públicas y destinan buena parte de su salario a la economía del país de destino.
La movilidad de trabajadores también permite la transferencia de conocimiento y habilidades, incentivando el progreso tecnológico y la innovación. Además, ayuda a compensar la falta de oferta para determinados puestos de trabajo en algunos países. Algo que, a su vez, se traduce en un aumento de la productividad y en la reducción de las tasas de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Este punto es importante ya que alrededor del 35% de la población del continente tiene entre 15 y 35 años. De este porcentaje, se estima que un tercio está desempleado y otro tercio se encuentra en empleos vulnerables. A esta situación se le suma el aumento considerable en las próximas décadas del número de jóvenes en edad de trabajar como consecuencia del rápido crecimiento poblacional, lo que convierte al desempleo juvenil en una cuestión urgente a tratar.
Por otro lado, la libre circulación de personas tendría un impacto positivo en la protección de los derechos humanos. Una movilidad más libre entre países implica una reducción de la migración irregular, lo que deja a menos personas desprotegidas y a merced de contrabandistas y traficantes. A este respecto, también sirve para incentivar la cooperación en materia de seguridad, algo que se vería reflejado en una mejor estrategia para combatir fenómenos como el terrorismo o el crimen organizado.
Por último, la libertad de movimiento es una forma de promocionar la diversidad y el intercambio cultural entre países. Y en última instancia, de promover la identidad panafricana y la integración social del continente. Algo que nos remite al Acta Fundacional de la Unión Africana y a los objetivos de la Agenda 2063.
Aeropuerto de Johannesburgo, Sudáfrica. Fuente: EQRoy/ ShutterStock
A pesar de todo esto y de los avances que se han llevado a cabo en algunas organizaciones a nivel regional como es el caso de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) o en determinados países por iniciativa propia, la libertad de movimiento de personas debe enfrentarse a una serie de retos importantes antes de convertirse en una realidad a nivel continental.
El primero de ellos es la falta de voluntad política de algunos líderes apoyada en la noción de que la libre circulación de personas es una amenaza para la soberanía territorial de los Estados. Esto se ve reflejado en el déficit de compromiso respecto al Protocolo adoptado por la Unión Africana, firmado por 32 países y ratificado tan solo por 4. Cifra que se aleja significativamente de las 15 ratificaciones necesarias para que el acuerdo entre en vigor. Cabe destacar que las tres mayores economías africanas –Nigeria, Egipto y Sudáfrica– y que componen casi la mitad del PIB total del continente, no han firmado el Protocolo (IMF, 2021).
Estos números contrastan con el apoyo al Tratado de Libre Comercio Africano que ha sido firmado por 54 Estados y ratificado por 34. A este respecto, otro argumento que se emplea es la necesidad de proteger el empleo local frente a un aumento de la llegada de trabajadores extranjeros y las posibles amenazas a la seguridad nacional. Sobre el impacto de los trabajadores ya hemos hablado. En cuanto a lo segundo, los problemas de seguridad no provienen necesariamente de una mayor libertad de movimiento. Un ejemplo de esto lo ofrece Ruanda que, a pesar de tener una de las zonas fronterizas más concurridas de África, menos de un 0.05% de las personas que acceden al país representan una amenaza potencial para la seguridad.
Sin embargo, la capacidad limitada de los Estados para diferenciar entre “buena” y “mala” movilidad también presenta un desafío importante. Muchos Estados deben enfrentarse a la falta de financiación, la ausencia de buenas infraestructuras, recursos humanos limitados y poco personal calificado. Estos problemas no afectan solo a nivel estatal, sino que también los sufre la propia Unión Africana a la hora de destinar personal y recursos que promuevan la implementación del Protocolo.
Estas limitaciones tienen como consecuencia un avance desigual en la implementación de la libertad de movimiento en las distintas partes del continente. Mientras entre los países de la CEDEAO la libre circulación se encuentra en un punto muy avanzado, en otras regiones como la Comunidad de Desarrollo de África Austral (CDAA) o la Unión del Magreb Árabe (UMA) se sitúa en un estadio muy inicial.
Finalmente, los Estados africanos también deben lidiar con la opinión pública y el apoyo a la libre circulación por parte de sus habitantes. En una encuesta del Afrobarómetro de 2016, se señalaba que un 56% de los africanos estaban a favor de la libre circulación de personas entre fronteras, pero seguía existiendo un amplio escepticismo. Sin embargo, es interesante señalar que las regiones con un mayor porcentaje de aceptación por parte de la población eran precisamente aquellas en las que existe una mayor movilidad, como es el caso de África Occidental.
Con todo, son diversas las soluciones que se han propuesto a estos retos. En vista del amplio apoyo que se ha mostrado hacia el TLCA, una manera de hacer frente al escepticismo en aquellos países más reacios a la implementación de Protocolo recae en la importancia de conectar la cuestión del comercio a la libre circulación de personas.
A su vez, también es importante reformular los discursos sobre los supuestos riesgos que la libertad de movimiento de personas implica para la economía, el mercado de trabajo y la seguridad de los países receptores.
Por último, se debe dar importancia a los avances realizados dentro del propio continente y usarlos como referentes a nivel global. Sus éxitos nos muestran que, a pesar de que la libertad de movimiento es un objetivo en construcción y que se enfrenta a diversos retos tanto a nivel regional como continental, también es una realidad palpable, que implementada de la manera correcta presenta un inmenso potencial para la integración y desarrollo socioeconómico del continente.
Artículo editado por Natalia Valdes.
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