- En la elaboración de este artículo participan Santiago Neltoh Mangomo, Marta Sánchez Capel y Fatoumata Dansoko Tall.
Años noventa. Han pasado casi treinta años de las independencias africanas y la situación del continente está marcada el contexto mundial y dos eventos fundamentales: la decadencia del bloque soviético, que se cristaliza en la desaparición de la Unión Soviética (URSS) y su contraparte, la consolidación del llamado Orden Liberal. Este orden se caracterizba por impulsar un modelo económico basado en la economía de mercado y, a nivel político, la adopción de la democracia liberal como régimen político “adecuado“. La consecuencia directa de estos eventos en África fue la transformación progresiva de los países hacia multitud de regímenes, desde Estados autoritarios a democracias parlamentarias pasando por modelos unipartidistas y democracias simbólicas.
Así pues, para entender el papel de la democracia en los países africanos, en el siguiente artículo realizamos un estudio sobre origen , el proceso y el impacto actual de de los sistemas democráticos en la región de Botswana y la República de Malí, dos protagonistas heterogéneos en cuanto a su diversidad histórica y cultural pero que comparten un mismo objetivo: la consecución de una sociedad libre, justa y equitativa.
Botswana: la convergencia entre lo tradicional y la democracia
El territorio que hoy es Botsuana ha estado habitado desde la Edad de Bronce. Desde entonces hasta nuestros días por esta zona han pasado diversas etnias, tribus y comunidades que han ido explotando y aprovechando para sí los recursos de una tierra fértil, han prosperado, enfrentado y, como cualquier otra sociedad humana, han establecido formas de gobierno.
Trazar una línea histórica del poder en Botsuana es complicado por varias razones. En primer lugar, por la falta de registros históricos hasta los siglos coincidentes con el fin de la Edad Media europea y en segundo lugar, porque lo que hoy es Botswana hasta hace pocas décadas no ha sido una unidad política y territorial.
Sin embargo, los estudios señalan un auge político-militar en torno a los siglos XIII y XIV, donde comenzaron a surgir varias dinastías poderosas entre los tswana de la zona occidental de Transvaal. La concentración de poder en estos grupos familiares desembocó en el desarrollo de grandes cacicazgos que vivieron etapas de conflicto y cooperación y que se tiene constancia, chocaron con una de las grandes potencias regionales de la época, el Gran Zimbabue.
Hacia el siglo XVIII, se establecen ocho cacicazgos que forman parte de la Botsuana moderna pero que durante este siglo van a competir entre sí por recursos, territorios y rutas comerciales. Así, durante los siglos anteriores a la colonización, la economía de los cacicazgos era autosuficiente y autónoma. La gestión y el poder por su parte quedaba reservado una estructura de gobierno autocrática en la que los jefes tenían gran poder y autoridad al tiempo que contaban con contrapesos en forma de asambleas y rivales tanto políticos como militares.
Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando emerge un crecimiento comercio de marfil, plumas de avestruz y explotación de cobre que no solo potencia la rivalidad entre los estados tswana y llama la atención de británicos, portugueses y neerlandeses quienes ya habían comenzado la exploración, conquista y colonización de la parte meridional del continente.
Algunos líderes locales como el rey kwêna Sechele (1829-1892) tomaron parte de estas disputas. En concreto, Sechele se alió con los británicos para contrarrestar la pujanza y las incursiones de los bóers desde la actual Sudáfrica. Sin embargo, tanto los kwêna fueron perdiendo el poder en favor de otros grupos como los ngwato y estos, a su vez, fueron siendo integrados dentro de las primeras estructuras coloniales.
A finales de siglo, varios líderes locales (dikgosi) solicitaron protección a Reino Unido ante el avance de los colonos alemanes y neerlandeses, provocando en 1885, la creación del Protectorado británcio de Bechuanalandia, que incluía el territorio de Botsuana así como partes del norte de Sudáfrica. A su vez, Bechuanalandia quedó integrado en los conocidos «territorios del Alto Comisionado», junto a Basutolandia (Lesoto) y Suazilandia.
La presencia británica duraría 80 años hasta que tras la II Guerra Mundial comenzó a plantearse la independencia del territorio y la creación de un Estado botsuano. En este proceso estuvo precedido de un movimiento de población sudafricana que, huyendo del apartheid, se estableció en Botsuana potenciando el nacionalismo tswana y las reivindicaciones de un estado propio.
La respuesta de las autoridades británicas fue la creación de un consejo legislativo que acabaría proponiendo la división del poder entre herederos de los europeos y la población local, lo cual suponía en la práctica el establecimiento de un régimen de privilegio para los blancos que apenas alcanzaban a ser el 10% de la población. Esta circunstancia sumada a la expansión de las ideas panafricanistas y emancipadoras llevó al Partido Popular de Bechuanalandia a proponer la expulsión de los blancos del territorio, lo cual no se hizo efectivo.
Ante la imposibilidad de mantener el dominio colonial, Reino Unido optó por potenciar al Partido Democrático de Bechuanalandia (BDP) de Sir Seretse Khama, que, aunque independentista, representaba una línea moderada, democrática y tradicional y no tan radical como el PPB o el Partido Socialista.
El BDP contaba además con un fuerte apoyo de la población rural y los líderes tradicionales y apostaba por implantar una democracia de estilo británico armonizada, eso sí, con las estructuras de liderazgo histórico de Botsuana.
Resultados de las elecciones generales en Botswana desde los años 60.
Fuente: africaarguments.org/Creativecommons
Las autoridades coloniales organizaron las primeras elecciones en 1965, resultando vencedor de las mismas el BDP y consagrando a Kharma como primer presidente del país. El 30 de septiembre de 1966 Botsuana accedió a su independencia plena y en las décadas posteriores fue adaptando su modelo social y político heredado de Londres a las particularidades del país hasta alcanzar un sistema estable, de progreso y desarrollo que es ejemplo para muchos países de la región y el continente.
El milagro africano
Desde su independencia, Botswana se caracterizó por llevar a cabo procesos democráticos pacíficos con un fuerte carácter multipartidista. Sumándole a ello, el gran desarrollo de su economía, pronto se erigió en la arena internacional como el «milagro africano» , un contexto en el que las tesis liberales habrían funcionado sin realmente un a necesidad expresa de intervención, y sin necesidad de una transición desde el autoritarismo como fue común en esa década. Cierto es que en lo que respecta a la región se ha tratado del país más políticamente estable de todos, pero habría que remarcar dos cuestiones: La hegemonía del principal partido nacional , el BPD (Partido Democrático de Botswana) y la estabilidad del modelo político vigente basado en un fuerte consenso entre la población.
Representación de los partidos políticos en Botswana.
Fuente: Cretaive Commons
Considerada como un ejemplo modélico de democracia liberal africana por numerosas instituciones internacionales, si bien ahondamos en el caso botsuano, vemos que tiene más en común con el contexto continental que con el oasis que se nos vende.
Si bien la reputación de los procesos electorales es muy favorable, no deja de sorprender la falta de alternancia. Desde 1966 el partido hegemónico ha sido el BPD, ganando todas las contiendas electorales desde la independencia, siendo las últimas elecciones, las más reñidas de la historia reciente del país.
Desde algunos análisis se achaca esto a que el país se enmarcaría más dentro de lo que se denomina un autoritarismo liberal , un sistema consistente en la hegemonía de un grupo político que no impidiese al mismo tiempo la participación política de la población, la búsqueda de consensos y rechazo del uso de la violencia o del conflicto.
Entre lo que más se remarca del sistema botsuano, son sus casi 60 años de estabilidad en el tiempo y su alto consenso entre la población. Los analistas lo atribuyen a varios factores: homogeneidad étnica, puesto que más de un 77% de la población pertenece a la etnia Tswana lo que aminorara la probabilidad de conflictos políticos interétnicos, otro factor en relación al primero sería la identificación de este grupo étnico con los «valores» del BDP y a su vez, una patrimonialización de este partido de estos valores (unidad, consensos , disciplina ).
Por último, la introducción de elementos relativos a la cultura precolonial asimilables por una democracia al uso, como los Kgotla, encuentros de que promocionan la participación ciudadana en el proceso democrático, habrían facilitado la adopción de este sistema.
El caso de Botswana refleja un modelo singular dentro del contexto africano de democratización en los años noventa. Aunque el país no necesitó una transición desde el autoritarismo como muchos otros en el continente, su sistema político muestra particularidades que lo acercan más a un «autoritarismo liberal» que a una democracia liberal al uso.
La hegemonía del BDP, que ha dominado el panorama político desde la independencia, junto con factores como la homogeneidad étnica y la integración de valores precoloniales, ha contribuido a su estabilidad. Sin embargo, la falta de alternancia política genera preguntas sobre la naturaleza de su democracia. A pesar de esto, Botswana ha mantenido una paz social y un consenso notable, lo que ha sido clave para su consolidación como un referente de estabilidad en la región africana.
Mali: una tradición soberana que busca nuevas fórmulas
La República de Mali cuenta con una rica tradición de soberanía popular, basada en las relaciones tradicionales entre el pueblo y sus gobernadores, que se remonta a tiempos precoloniales, donde mecanismos locales gestionan los conflictos a través de figuras clave como jefes locales, líderes culturales, eruditos musulmanes, obreros y griots. Esta diversidad étnica, representada por las etnias bámbara, fulanis, soninkes y tuaregs, caracteriza al país saheliano con una gran heterogeneidad a lo largo de su historia.
El sistema democrático de Mali tiene raíces profundas, remontándose al Imperio de Mali en 1217 y a la Carta de Kurukan Fuga (1235), creada por el emperador Soundjata Keita. Este documento no solo posicionó al territorio maliense como pionero en principios democráticos en África, sino que también estableció 44 normas jurídicas que abogaban por el respeto a la dignidad humana, la solidaridad entre etnias y la justicia social, principios que siguen vigentes en la constitución de Malí desde su independencia en 1960.
Asamblea constitutiva del Imperio Mandén. La Carta de KouroukanFouga (1236).
Fuente: Creative Commons.
Desde finales del siglo XIX, Malí se incorporó a la Federación de Colonias Francesas en África Occidental. Aunque las estructuras políticas precoloniales desaparecieron, algunos líderes locales mantuvieron su influencia bajo el control de la administración francesa. Durante este periodo surge lo que el historiador F. Clark llama una “brotherhood leadership”: una alianza factual entre líderes religiosos tradicionales y el gobernador colonial. Así se establecieron las bases de la sociedad, economía y cultura poscolonial. Sin embargo, esta era también estuvo marcada por una limitada participación democrática y una dura represión contra los movimientos anticoloniales.
El poder residía en un gobernador designado por París, apoyado por una jerarquía de funcionarios franceses y élites africanas colaboradoras, que utilizaban el islam para controlar a la población. Solo las personas educadas bajo el sistema colonial formaban parte de esta élite con acceso a ciertos cargos administrativos y participación en elecciones legislativas, bajo estricto control colonial. La represión militar y el control sobre la educación y medios continuaron hasta mediados del siglo XX, asegurando el dominio francés en la región.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia enfrentó una creciente presión para conceder más libertades políticas en sus colonias. En 1946, con la Constitución de la Cuarta República, se introdujo el derecho al voto para una parte limitada de la población africana en elecciones locales y al parlamento francés, aunque seguía siendo restringido. Ese mismo año, Malí dio sus primeros pasos hacia la soberanía con la elección de una Asamblea Territorial que permitía enviar representantes al Parlamento francés.
Otros elementos que contribuyeron a la emancipación del país fue el rol de los partidos políticos, la Conferencia de Bandung (en abril de 1955) celebrada en Indonesia y la Ley Marco Defferre (1956) que permitió mayor autonomía local, pero bajo supervisión francesa.
Independencia, confederaciones y pasos hacia la democracia
En 1958, un referéndum impulsado por Charles de Gaulle permitió al Sudán Francés optar por unirse a la Comunidad Francesa, logrando mayor autonomía bajo el liderazgo de Modibo Keïta. En 1959, Sudán Francés y Senegal formaron la Federación de Malí, un intento de unión que fracasó debido a tensiones políticas. Malí, con una mayoría de población practicante de la religión islámica, finalmente proclamó su independencia el 22 de septiembre de 1960, con Keïta como presidente.
Con la Constitución de 1992 se establece un régimen de democracia pluralista parlamentaria en el que el parlamento se compone de diputados de múltiples partidos políticos. El Partido Sudanés de la Unión Africana (US-RDA) lideró el movimiento nacionalista, siendo clave en la lucha por la emancipación de Sudán Francés.
Modibo Keïta. 1º Presidente de la República de Mali (1960-1968).
Fuente: Creative Commons.
Como hemos mencionado, el multipartidismo es un derecho reconocido en el artículo 3º de la Constitución maliense de 1960, por el que se constitucionaliza los estatutos de los partidos y agrupaciones políticas malienses. No obstante, en la práctica se instaura de facto la US-RDA como partido único en Mali. El 19 de noviembre de 1968, Keita fue derrocado por un golpe militar liderado por el teniente Moussa Traoré, quien instauró posteriormente una dictadura en el país y mantuvo el régimen del partido único de facto, tal y como se reconoce en la ordenanza nº1 del 28 de noviembre de 1968 sobre la organización de los poderes públicos en la República de Mali.
No obstante, si bien durante el régimen de Traoré se liberalizaron algunos sectores económicos, y se permitió la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas, véase Cissé Inna Sissoko, la primera mujer en formar parte del gobierno maliense al cargo del Ministerio de Sanidad (1968-1972); el sistema político traorista estuvo encabezado por una Constitución secular islámica, tras proclamar a Malí como un país musulmán.
A partir de 1989, la negativa de Moussa Traoré para facilitar una transición democrática generó un creciente descontento, especialmente entre estudiantes y políticos. Las protestas masivas contra el régimen de l’Union Démocratique du Peuple Malien (UDPM) culminaron en un golpe de Estado el 26 de marzo de 1991, liderado por el coronel Amadou Toumani Touré quien, a través del Comité de Transición para la Salvación Popular, estableció las bases para la democratización de Malí e instauró un sistema multipartidista, legalizando de esta manera a más de 40 partidos políticos dentro de la región.
Un año después, las elecciones legislativas posteriores dieron la victoria a la Alianza para la Democracia en Malí (ADEMA) y a su candidato presidencial, Alpha Oumar Konaré, quien asumió la presidencia el 8 de junio de 1992 y fue elegido presidente en las elecciones democráticas en 2002, y reelegido posteriormente en el año 2007 hasta 2012, convirtiéndose así en uno de los presidentes más longevos en el gobierno maliense.
Elecciones, gobiernos militares y nuevas alianzas
Tal y como se ha evocado anteriormente, en marzo de 2012, un golpe militar derrocó al presidente Touré en un contexto de críticas a su gestión de una rebelión tuareg en el norte del país. Los rebeldes y grupos islamistas tomaron el control de extensas áreas del norte. Tras la intervención militar liderada por Francia para expulsar a los grupos islamistas del norte, se celebraron elecciones en julio y agosto de 2013, de las cuales Ibrahim Boubacar Keïta salió victorioso y se convirtió en el nuevo presidente.
Sin embargo, una oleada de protestas que percibían la crisis económica y una mala gestión del conflicto en el norte del país fueron lideradas por el coronel Assimi Goïta contra el gobierno de Keïta, siendo este último derrocado en 2020 y , tras un período de transición, en en mayo de 2021, Goïta se convierte en presidente interino con el apoyo, en un primer momento, de la población civil (en parte motivado por las victorias militares que consiguieron gracias a su nuevo aliado internacional, Rusia).
Gracias a la libertad de prensa y de asociación política obtenidas a finales de la década de 1980, la ambición por la construcción real de una democracia pluralista en Malí y su nueva práctica republicana fue ganando mayor terreno en los procesos electorales. Así mismo, la organización y el funcionamiento de los partidos políticos difieren entre ellos según se trate de un régimen monopartidista de facto (1960-1968, la estructura de la 1º República), o multipartidista ( desde 1991) pero persiguen un mismo principio que se resume en la fórmula: ‘’ Todo para el pueblo’’ y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los y las malienses a través de la consolidación de la unidad nacional, la primacía de la política, la reforma de la administración y la lucha contra el imperialismo y el neocolonialismo hasta la liberación total del país.
A lo largo del tiempo, la herencia colonial, la dependencia estructural, las elecciones impugnadas, las tensiones en el norte del país, la inseguridad y los golpes de Estado han marcado el proceso político maliense, evidenciando sus deficiencias.
Desde su independencia, la República de Malí ha intentado instaurar un sistema democrático acorde con las particularidades sociales y culturales de su población. No obstante, a día de hoy, el país sigue sin haber logrado la plena configuración de dicho sistema. El contexto sociopolítico presenta desafíos estructurales que dificultan el avance hacia una democracia consolidada. Este proceso se desarrolla en un clima de creciente presión, tanto por parte de la comunidad internacional como de la sociedad civil, que demandan el establecimiento de un gobierno realmente democrático. Sin pasar por alto las revueltas y tensiones con la tribu tuareg, que en los años 60 ya comenzaron a reivindicar en contra de la nueva política territorial del gobierno maliense, que afectaba directamente a las tierras del norte.
El desarrollo de protestas populares y de desobedecimiento civil que ha llevado al golpe de Estado de 2020 debe ser entendido como una etapa más dentro de la larga conquista por la democracia real que obedezca a las demandas sociales en todos los sectores de desarrollo. Así mismo, la frustración colectiva hacia los sistemas que han ido sucediendo desde los años 60 nace del rechazo a los escrutinios electorales ya que, la población maliense considera que están sesgados e influenciados por organizaciones políticas y religiosas. Aunque, según los observadores electorales nacionales, regionales e internacionales arguyen que los procesos electorales son libres y justos.
Marcha pacífica por la firma del Acuerdo de Paz y Seguridad en Bamako, 2015.
Fuente: Creative Commons.
Por otro lado, en julio de 2024, Mali junto con Burkina Faso y Níger, los tres países gobernados por un régimen militar establecido tras un golpe de Estado, han salido de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la Unión Africana. Con ello, el presidente Goïta ha evocado la importancia de una cooperación subregional e internacional para mejorar la situación socio-económica del país y acelerar el proceso de digitalización. Para ello, creó en el 2023 junto con Níger y Burkina Faso la Alianza de Estados del Sahel (establecida en julio de 2024).
El objetivo de esta unión es construir un bloque económico y militar basado en una política comercial común, intercambios tecnológicos y académicos para fomentar la educación y la soberanía numérica; y un pacto de defensa mutua ante agresiones externas. Para los partidarios, en nombre del “pan-africanismo”, esta alianza supone un plan estratégico para acabar con más de 500 años de colonialismo. No obstante para los detractores, esta iniciativa triestatal supone una “amenaza para la democracia” y un paso para la “toma autoritaria” del poder político y de la administración.
Por último, un elemento esperanzador para el proceso democrático en Mali es el papel crucial de la sociedad civil, particularmente a través de organizaciones como Femmes et Développement (FEDE). Estas entidades no solo promueven derechos humanos y paz, sino que actúan como intermediarios entre el gobierno y las comunidades locales, fomentando un sistema de gobierno reactivo y participativo. Según Korotoumou Thera, directora ejecutiva de FEDE, estas organizaciones identifican las necesidades del pueblo y las integran en las estrategias nacionales. Estos últimos son pasos fundamentales para construir un nuevo modelo democrático para el país, impulsado de abajo a arriba (bottom-up), adaptado a las realidades de Mali y alejado de los valores occidentales.
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